117 financiadores de campañas han sido beneficiados con contratos en el en el marco de la emergencia de COVID-19
La iniciativa Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19 presentó su segundo reporte de análisis de contratación pública en las diversas regiones del país. Según el estudio, los entes gubernamentales, desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 25 de mayo, han gastado dos billones de pesos en atención en la emergencia en 11.676 contratos identificados.
La mayoría de esos contratos fueron asignados de manera directa argumentando urgencia manifiesta. “En efecto, del total de los contratos celebrados, 5.386 (46%), se han firmado bajo Urgencia Manifiesta. Estos contratos en particular suman 1,2 billones de pesos ($1.257.157.755.122) y equivalen al 65,1% del monto total de la contratación celebrada.”, explica el documento.
Entre las conclusiones del análisis, que hace la entidad conformada por organizaciones civiles de diferentes regiones del país, está que “los recursos se están destinando prioritariamente a gastos de alimentación y ayudas para población en condición de vulnerabilidad. Los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud representan una proporción menor”, dice el informe.
El estudio también advierte que a la fecha 117 financiadores de campañas territoriales de 2019 han sido beneficiados con contratos en el en el marco de la emergencia de COVID-19: “El monto de las contribuciones hechas por estos contratistas supera los 4,7 mil millones de pesos ($ 4.769.766.236), pero el valor de los contratos es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a 12,5 mil millones de pesos ($ 12.553.999.431).”, se advierte en el documento.
Agrega que la celebración de contratos con financiadores de campaña no está prohibida, siempre y cuando se observen unos límites al valor de los aportes y se rinda cuentas sobre los recursos. Sin embargo esa duce que esta práctica podría restar idoneidad al proceso de selección de los contratistas “Es importante establecer si hay alguna relación entre aportantes y contratos de COVID-19 puesto que, en estos casos, el incentivo para contratar podría estar viciado por el recurso recibido previamente en las campañas. En la práctica, esta situación podría afectar la idoneidad y objetividad en la selección de los contratistas.
¿Cómo se ha contratado en Santander?
Según el segundo reporte de seguimiento a la contratación pública, en el Departamento de Santander se suscribieron 493 contratos relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19, que suman un valor total de $40.311.748.227. El 78% del monto total los contratos han sido asignado bajo la modalidad de Contratación Directa.
La mayoría de esos contratos fueron suscritos con el objeto de suministrar ayudas alimentarias, elementos de bioseguridad y suministros hospitalarios.
El informe presenta el top cinco de las entidades del departamento que suman mayor valor en sus contratos. Siendo así, la gobernación de Santander quien ocupa el primer lugar con un monto de $ 8.217.372.278 reportados en un total de 34 contratos, le sigue Bucaramanga ($ 5.349.405.675), Barrancabermeja con $ 4.684.906.793 contratados aparece en el tercer lugar, seguido de Girón ($ 3.461.847.778) y Floridablanca ($ 3.064.175.443).
El contrato más alto en Santander lo firmó la alcaldía de Bucaramanga con Parra Isaza Grupo Invesionista SAS por un monto que supera los 3.200 millones de pesos.
En sus observaciones, ‘Ciudadanía Activa’ advierte que, “en Santander se puede evidenciar una gran deficiencia en la trazabilidad y elaboración de estudios de mercado con el fin de poder determinar los precios de los bienes o servicios a contratar, lo cual se traduce a posteriori en contrataciones con valores unitarios elevados con respecto a los precios del mercado, aun teniendo en consideración los porcentajes asociados a impuestos, estampillas y demás.”
Al mismo tiempo a iniciativa ciudadana asiste que es importante insistir en la necesidad de revisar y validar efectivamente la idoneidad del contratista, ya que la contratación por Urgencia Manifiesta “no es disculpa para violar el principio de contratación objetiva en la contratación con dineros públicos.”
