Formulan cargos a representante legal de Surcolombiana por presunta corrupción en el PAE Santander
A Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, le fueron formulados cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, por presuntos actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar PAE en Santander en el año 2016.
Según el ente de control, en la suscripción del contrato 601 del 21 de abril de 2016 firmado entre la cuestionada y la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes beneficiarios con el PAE, Flórez Rincón supuestamente habría incurrido en conductas penales de falsedad material en documento público y privado.
Lo que según el comunicado de prensa emitido por la Procuraduría “habría permitido que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159.794.618 provenientes de recursos del Estado para operar el programa”.
Agrega que Flórez Rincón, “habría utilizado comprobantes de egreso y supuestas facturas y/o transferencias con proveedores ficticios, para justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas, cárnicos, y otros productos”.
Cargos a ex Secretaria de Educación
La Procuraduría también informó que a Ana de Dios Tarazona, ex secretaria de educación de la Gobernación de Santander (2016-2017) se le formularon pliego de cargos “por posible vulneración de los principios de economía, responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, por el presunto direccionamiento del Contrato 601, a favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.”
El ente de control, rechazó que entre los requisitos se habrían establecido condiciones que pudieron restringir la participación de otros oferentes para favorecer a la Cooperativa.
Así mismo, se le endilgó argos al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por presunta omisión, al no informar los hechos que podían constituir actos de corrupción, o que ponían en riesgo la ejecución del contrato, y que al parecer permitieron que terceros se apropiaran de dineros públicos destinados a la alimentación escolar.
