Manzanas podridas del Estado
Luego de tan esperado anuncio que querían escuchar los colombianos sobre el castigo que iban a tener los militares que presuntamente violaron a una niña Embera, el fiscal en rueda de prensa, señalando que “imputó cargos a los siete soldados regulares que prestaban su servicio obligatorio en el batallón de alta montaña de Génova – Quindío (…) a estos bandidos, que mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez con Colombia, se le solicito medida de aseguramiento en centro carcelario, como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado”
Muchos colombianos celebraron la noticia, mientras otro gran numero creyeron que el delito que el fiscal Barbosa imponía a los soldados no era suficiente para la magnitud del caso. Abogados y conocedores del área, mostraron su asombró al conocer que el funcionario de gobierno, hacia era una ‘canallada’ frente a la vulneración de derechos de las mujeres y a las minorías que hacen parte los indígenas en Colombia.
La inquietud se mantiene porque siendo un delito grave de presunta violación, ¿Por qué no fueron separados los uniformados de las filas del ejército?, Porque un juez ordenó la detención en una guarnición militar, ¿luego de que aceptaran cargos por dicha violación?, es merecido el delito que el fiscal les imputa de acceso carnal abusivo agravado y no como acceso carnal violento como dicta la justicia en la Ley 1236 de 2008 Cap I?
¿Complicidad de la fiscalía?
Se conoció que organizaciones sociales convocaron a un plantón en la Fiscalía de Bogotá, en señal de protesta en contra de la Fiscalía y el actuar de las fuerzas militares, por el lamentable hecho de violación de la niña Embera.
“Rechazamos la revictimización, la impunidad y la complicidad de la Fiscalía con las autoridades violadoras, represivas y asesinas”, se manifiesta en la convocatoria que realiza el Congreso de los Pueblos. La ciudadanía pide una justicia efectiva, luego que se imputara Acosa Carnal Abusivo, lo que da una pena de cárcel menor. Los militares aceptaran cargos y fueran enviado a detención en establecimiento militar.
La ciudadanía pide justicia sobre todo por el agravante del caso, ya que los violadores son funcionarios públicos que deben velan por la seguridad ciudadana, fueron siente, en total estado de indefensión de la niña, una menor de edad, indígena y en situación de vulnerabilidad que deben tener una protección especial por el Estado.
